Limitación constitucional del déficit público.

España atraviesa junto con sus vecinos europeos una crisis de financiación pública que ha dejado de lado, en las prioridades gubernamentales, cualquier otra cuestión. Los recortes de las pensiones, de los sueldos de los funcionarios, el atraso de la edad de jubilación y la reforma laboral han prosperado, a pesar de la impopularidad de las medidas, por imperativo europeo y de los mercados financieros.

Ahora es el turno del techo del déficit público. Tras estrangular más los gastos con el objetivo de no superar el 6% de déficit en 2011, se inicia la tramitación de la modificación constitucional para exigir a gobiernos centrales y autonómicos el equilibrio presupuestario. Contra todo pronóstico se ha logrado el acuerdo de los dos partidos mayoritarios aunque esto no signifique, que nacionalistas y otros partidos minoritarios, sindicatos y movimientos sociales, hayan dado el visto bueno.

La razón de emergencia que justifica el cambio de la carta magna viene indudablemente por prescripción de los líderes de Europa y para dar solvencia (real o aparente) a los mercados financieros, lo que permitirá teóricamente asegurar la financiación de las arcas públicas y mejorar los tipos de la misma. Indirectamente, pero no menos importante, es hacer entender a la clase gobernante que la deuda soberana no puede crecer indefinidamente, ni por motivos de solvencia, ni por eficiencia en el gasto público.

Las razones esgrimidas contra el cambio son varias:

La proveniente de los sectores de izquierda (IU, sindicatos, 15M) es la que denuncia una limitación del gasto social y la puesta en peligro del estado del bienestar. Resulta evidente que los recortes puestos en marcha ya pronostican la pérdida de ciertos privilegios sociales obtenidos a base de préstamos acumulados que no se devuelven. Pero, ¿puede un estado permitirse el lujo de incrementar indefinidamente su deuda para garantizar el gasto social? Los presupuestos generales deben poder mantener un gasto social razonable y al mismo tiempo el equilibrio presupuestario. De no ser así, se requiere de recortes de gastos de menor prioridad y de una mejora en la gestión de los recursos.

Desde la óptica macroeconómica es lógico que produzca vértigo limitar el único instrumento que la España del Euro tiene para luchar contra los cambios de ciclo. Pero el nuevo articulado establece su aplicación para 2020 y abre la puerta en casos de crisis, emergencia y catástrofes, lo que, en la práctica, no encorseta el gasto más que en su carácter corriente.

Nacionalistas y partidos minoritarios tienen derecho a sentirse fuera del juego político en cuanto PP y PSOE pactan. En especial cuando se trata de la Constitución, que se preserva casi intacta desde su creación y se venera como eje estabilizador de una nación dividida en ideologías y nacionalismos beligerantes. El símbolo que este texto adoptó desde el momento en el que unió a todas las fuerzas políticas en la transición, se disuelve parcialmente al no pertenecer, por acuerdo unánime o referéndum popular, a todos los españoles. El propio texto constitucional y la mayoría que representan gobierno y oposición legitiman el acto aunque podría degradar el respeto ciudadano a este texto. Vean una esclarecedora intervención de Rosa Díez, líder de Unión Progreso y Democracia: http://youtu.be/H084JMVArcg.

Los ciudadanos del mundo se merecen gobernantes honestos y eficientes pero, en su defecto, leyes que garanticen la buena práctica política. Si el equilibrio presupuestario con sus matizaciones es razonable, conviene garantizarlo, con o sin modificación constitucional. El objetivo es el adecuado, sólo el tiempo dirá si el camino elegido, el preferible.

Parques temáticos

El Levante-emv anunciaba ayer que Camps y Barberá negocian abrir un parque temático de Ferrari. ¡Es realmente increíble que después del camino pedregoso de Terra Mítica quieran empezar de nuevo! ¿Es posible que hayan olvidado ya los incrementos sobre el presupuesto inicial, las pérdidas continuas y las quitas que tuvieron que padecer los proveedores para evitar el concurso de acreedores?

La Administración Pública ha demostrado incansablemente su incapacidad de rentabilizar proyectos. De hecho, la crisis económica ha puesto de manifiesto la necesidad de analizar la gestión del gasto corriente para que pueda ser asumido por presupuestos que han encogido por el descenso de la actividad empresarial y el aumento del gasto social.

Las recetas que se imponen desde Europa son la contención del gasto, la reducción de la deuda y la mejora de la competitividad de las empresas, alejadas todas ellas de los costosos y deficitarios parques temáticos. Este proyecto nos obliga a pensar que el presidente de la Generalitat y la Alcaldesa de Valencia no se toman en serio ni la gestión ni la crisis o, en el peor de los casos, que a pesar del drama social que vivimos, y todavía con la presunta implicación de miembros y amigos del PP en los casos Gurtel y Brugal,  pudieran tener por objetivo beneficiar a unos pocos lastrando vilmente las arcas públicas.

Huelga General

Como en anteriores convocatorias de huelga o resultados electorales, tenemos unos días por delante en los que la conversación obligatoria será el balance de la movilización ciudadana. Y como resulta habitual, sindicatos, gobierno, oposición y empresarios ya tendrán su informe redactado desde antes mismo de la convocatoria. Y es que en política, donde todos estos actores tienen su papel en ella, los roles y las declaraciones son de libro. Los Sres. dirigentes de CCOO y UGT defienden su puesto convocando la huelga y el gobierno, pretendiendo el mismo objetivo, no puede hacer demasiadas concesiones si no quiere llevarse un tirón de orejas de la Comisión Europea y una sanción de 2.000 millones si no devuelve algo de competitividad al país. En cuanto a los empresarios y la oposición, ambos buscan rentabilidad: económica unos, electoral los otros. Toda esta película tiene el color sepia de las antiguas que se repiten una y otra vez en el televisor.

Con todos mis respetos al derecho de huelga, ni todos los que estén en contra de la reforma laboral estarán, ni todos los que están comprenden la reforma laboral. Ni el derecho de huelga se encuentra en los autobuses de la EMT apedreados ni las amenazas de despido son de recibo.

Los que pretendan ser ciudadanos responsables, no estarán a favor o en contra de la huelga. Simplemente se habrán molestado en estudiar los efectos de la reforma laboral en los derechos de los ciudadanos, en la competitividad del país y el posible efecto sobre el paro. Habrán comparado la situación financiara y otras variables macroeconómicas de España con las de Europa y, con todo ello, tendrán por fin, una posición meditada sobre el planteamiento que más interesa a nuestro país para salir cuanto antes de la crisis y del furgón de cola de Europa. Porque el fin son los ciudadanos y el medio es la estructura económica de la nación. Cuando esa responsabilidad se extienda entre todos nosotros no me cabe duda que no serán necesarias las huelgas porque las políticas planteadas y respaldadas serán las más acertadas.

La verdadera democracia

Últimamente parece haber tenido bastante éxito la serie televisiva Los Tudor. A través de los capítulos el televidente se siente partícipe de otra época en la que los reyes absolutistas y la iglesia hacían y deshacían bajo pena de muerte para los que discrepaban. No creo que nadie que este bien informado pueda pensar que la democracia y el final de los excesos que se retratan en la serie no representen un avance socio-político. Sin embargo, salvando los desagradables sistemas de ejecución de la pena de muerte practicados, muchos aspectos de aquellos tiempos conviven en la actualidad con nosotros.

El mundo moderno ha erradicado los puestos que concentran todo el poder, ha implantado una división de poderes y ha otorgado al pueblo la posibilidad del voto, y por lo tanto, de elegir a sus representantes. Todas estas garantías para los ciudadanos son en parte una ilusión. En la mayoría de los países desarrollados reina un bipartidismo anquilosado que juega las cartas de la alternancia inevitable y que, en lugar de promover la excelencia en las labores de gobierno, engendra líderes que pueden presumir de desacreditar mejor que nadie a la oposición con alardes de pomposa verborrea y de ser unos grandes relaciones públicas entre los afiliados y los barones del partido político de turno. La corrupción es un mal conocido y aceptado, bien por intereses creados, bien por la resignación que impone la impotencia. Los medios de comunicación, tendenciosos y cada vez más sensacionalistas, son uno de los dos grandes pilares en los que se basa el votante para saber si votará al partido malo o al peor. El otro pilar es un sistema educativo, cada vez con peores resultados académicos, que se centra más en alargar los nombres de las asignaturas  o en potenciar la informática de los centros que en intentar transmitir valores y un espíritu crítico frente a las mentiras que respiramos en el día a día. Incluso se ha perdido el espíritu humanista que recorría gran parte de la arcaica Europa de aquella época que buscaba salirse de las ideas de los poderosos y buscar la verdad mediante el estudio y la reflexión. ¿Dónde están las generaciones de jóvenes, artistas o intelectuales del siglo pasado que se reunían en las cafeterías para debatir los fallos del sistema y los ideales que defender? Las tertulias hoy en día, no se salen, mayoritariamente, de cuestiones relacionadas con el partido de fútbol, Belén Esteban o en repetir como papa-gallos las sandeces de los dirigentes políticos. En cuanto a la separación de poderes, nada más lejos de la realidad. Si el poder legislativo y el ejecutivo están directamente en manos de los partidos políticos, el judicial lo está indirectamente por su capacidad de elección de jueces. Si a esto añadimos el control del periodismo y de las cajas de ahorro, no queda ningún aspecto fundamental que no esté en manos del gobierno. El ciudadano ya no debe pleitesía a su rey pero si al partido, es decir al conjunto de personas que ostentan poder porque todas ellas, actuando de forma corporativista y mediante el trueque de favores, puede conseguir que la maquinaria pública se ponga al servicio o en contra de sus intereses.

La verdadera democracia reside en la transparencia y la información (objetiva en su esencia). Reside en la profesionalidad y la elección (no en el descarte). Cada generación aporta grandes políticos en potencia. La mayoría quedan probablemente defraudados del sistema y decidan nunca participar de él. Demostrar grandes cualidades de gestión o intelectuales en un partido político no significa obtener un puesto orgánico de responsabilidad dentro de él. Estas cualidades tampoco son útiles para fundar un nuevo partido político. Las conspiraciones y complejas redes de apoyos personales son el combustible de la generación de dirigentes políticos. Por ello la democracia y la excelencia en el gobierno necesitan de un sistema que provea de personas con alta cualificación (probablemente los que mejor demuestren las cualidades requeridas en concurso público) que presenten su propuesta política a los ciudadanos para optar a la elección. Los partidos son innecesarios, la gestión diaria se realiza en los Ayuntamientos, en las Consejerías y en los Ministerios por funcionarios de carrera que han demostrado su cualificación por oposición. El objetivo de todos estos mandos funcionariales debe ser un pequeño marco ideológico votado por los ciudadanos (entre las propuestas planteadas por los candidatos políticos) y representado finalmente por la exigencia de lograr unos resultados cualitativos y/o cuantitativos que deben publicarse comparativa y periódicamente para la sanción del pueblo.

Bolsas de plástico

La campaña de Medio Ambiente para reducir la utilización de las bolsas de plástico llega a la Comunidad Valenciana (Las Provincias 20/08/2010).  La ministra Elena Espinosa se suma al carro de la bolsa reutilizable y va a dedicar el 2010 y 2011 a gastar dinero para transmitírselo a los ciudadanos. Da la sensación de no haberse parado a reflexionar mucho sobre las necesidades de la sociedad y del impacto que, en términos generales, tiene su campaña. Imagino que es su casa utilizará, para tirar la basura, esas fantásticas bolsas azules con asas que venden para este propósito. No se si sabrá, que una gran parte de la población utiliza las bolsas de la compra para eliminar los residuos domésticos. Son gratuitas y pequeñas, y se adaptan mejor a los cubos pequeños de reciclaje que utilizan muchas familias responsables. Si la ministra decidiera ir a la compra con bolsas de tela, lo que dudo mucho (si es que no le traen la compra a casa), evitaría que esas pequeñas bolsas tipo camiseta fueran a la basura con los desperdicios de la compra pero, en su lugar, contaminaría con las lujosas bolsas azules. El beneficio no recaería en el medio ambiente sino en las tiendas de comestibles. Éstas, en tiempos de crisis, ya han planteado cobrar las bolsas bajo pretexto medio ambiental. La coincidencia entre la demonización de las bolsas por parte del gobierno y las políticas de ahorro de los comercios son, cuanto menos, un perfecto escenario para intuir una relación entre ambas.

Las bolsas más comunes que nos regalan en las tiendas de comestibles son de polietileno de alta densidad. Se consideran no biodegradables porque tardan más de 100 años en degradarse en el medio ambiente por la agresión de factores naturales. Sin embargo resulta muy útil que las bolsas de la compra sean las que se usen para los residuos sólidos urbanos. En primer lugar porque los requisitos que se exige a ambas son los mismos: dimensiones, bajo coste, disponibilidad, resistencia. El tipo de bolsa de uso actual es fino y barato pero resiste el peso tanto de la compra como de los residuos. El tamaño también es adecuado para transportar comestibles como para almacenar residuos. La disponibilidad es inmejorable. Se encuentran en los establecimientos de comestibles por lo que no requiere ser previsor cuando se decide ir a comprar (lo que en la sociedad actual es cada vez más importante). Tampoco es necesario abastecerse de ellas en el hogar puesto que vienen directamente con la compra. La característica de la que adolecen para ambos usos es la capacidad de ser biodegradables, es decir que el medio ambiente las degrade de forma natural en un plazo limitado. Ésta, y no otra, es la batalla pendiente de ganar.

La contaminación por este y otros materiales se está produciendo principalmente por el no reciclaje o la imposibilidad del mismo. El reciclaje tiene 2 enemigos poderosos, la no separación de residuos y el abandono de estos en el medio ambiente en lugares de difícil acceso para los servicios de limpieza como en la montaña o en el mar. Conviene denunciar que todavía existe una parte de la sociedad que no realiza la pertinente separación. Este acto insolidario imposibilita el reciclaje por el alto coste que supondría hacer la separación a posteriori. Las campañas de concienciación social caben si se dirigen a promover la separación y a depositar los residuos en contenedores aptos para su gestión. Pero también hay que responsabilizar a la gestión pública de no establecer una política sancionadora por el no reciclado o por no poner a disposición de los ciudadanos el mismo número de contenedores de cada tipo, e igualmente repartidos, en lugar de priorizar los de uso general en toda la ciudad. Así mismo, es necesario realizar un esfuerzo económico para garantizar el efectivo reciclado de todos los residuos separados y así reducir el impacto medio ambiental y motivar a los ciudadanos que esperan que su colaboración no caiga en saco roto.

La ministra tiene como objetivo “concienciar a todos los agentes económicos y sociales implicados –fabricantes, comerciantes, instituciones, y consumidores — acerca de la utilización responsable de las bolsas de plástico” lo que indica que la inversión de su campaña no va a dar muchos frutos. La política del gobierno debe ir encaminada a exigir la biodegradabilidad de los embalajes. En el mercado existen ya bolsas biodegradables fabricadas principalmente con almidón como materia prima, un polímero natural obtenido del maíz, trigo o patatas. La fabricación excluye el petróleo por lo que, además, puede generarse con materia prima nacional, mejorando la industria actualmente deprimida y reduciendo la dependencia de países productores de crudo. Con esta exigencia se garantizaría la no contaminación del medio ambiente por estos materiales, incluso con la ineficiencia recicladora del gobierno. Si finalmente el consumidor acaba pagando las bolsas de la compra, que al menos sea para garantizar la verdadera salud de nuestro entorno. Y si de verdad la ministra quiere “concienciar” a los responsables de la cadena logística, que penalice mediante ecotasas los productos excesivamente embalados o los ensamblajes de componentes que deban separarse costosamente para proceder al reciclado de las partes.

La vivienda, derecho constitucional.

A estas alturas ya no duda casi nadie de que la crísis en España tiene su origen en una mala praxis de los que manejan el sistema financiero mundial acentuada por la debilidad de la estructura productiva nacional. La falta de competitividad de un mercado, acostumbrado a vender productos gracias a una mano de obra barata (que ha dejado de serlo), y una economía con demasiada dependencia del turismo y de la construcción, indica la necesidad de nuevas recetas para dejar de ser una economía mediocre y escalar a los primeros puestos mundiales.

Mientras la construcción ha estado generando puestos de trabajo e inyectando impuestos y consumo en el mercado, daba la sensación de que se hacían los deberes en el gobierno. El trabajo generaba ingresos, que a su vez justificaban el sobre endeudamiento para consumir todavía más y generar de nuevo más empleo. Este bucle ha sido muy provechoso. Desafortunadamente  el límite lo han marcado el precio de la vivienda y los recursos limitados de la banca, como no podía ser de otra manera, y todo ha sido un “consumo para hoy” y “desempleo para mañana”.

La opinión pública siempre ha sido consciente de que el negocio de la vivienda tenía un límite. No se puede criticar al mercado de consumo. Habitualmente es sabio y se autoregula. Pero sí que se puede decir que el gobierno no ha querido ver el final catastrófico. No la crisis financiera (ni con todos los asesores del mundo los gobernantes se percataron, hay que asumir nuestras limitaciones), sino la subida contraproducente de precios que ha dejado a muchas familias sin poder comprar su vivienda habitual y la acumulación de viviendas sin vender (la burbuja inmobiliaria tan mencionada) que ha dejado al sector de la construcción parado hasta la total absorción de stocks, con el consiguiente paro. Si nuestro mercado de consumo se puede embalar, no se puede dejar que sufra un colapso por empacho.

En lo relativo a la regulación del precio de la vivienda, la solución pasa por ver el problema como una cuestión macroeconómica. Puesto que los precios los marca el mercado en base al equilibrio entre oferta y demanda, no cabe la menor duda que, la subida del precio de la vivienda fue provocada por una demanda superior a la oferta. Incrementos de precios de los bienes inmuebles, provocados probablemente en origen, por bajadas de tipos o por ser refugio temporal de una bolsa poco alcista, se ven reforzados por mayores capitales inversores atraídos por estas plusvalías y una oferta que reacciona más lentamente por el propio proceso lento de producción y aún más lento de generación de suelo urbano. De ahí que las medidas iniciales estuvieran encaminadas a reclasificar terrenos a base de modificaciones puntuales de Planes Generales, sin demasiada visión urbanística global y con insuficientes garantías medioambientales.

Lo que nunca se planteó fue controlar la demanda. El consumo no siempre es progreso, sobre todo cuando genera especulación y ésta, inestabilidad laboral. Es el momento de reivindicar la vivienda como derecho constitucional y preservarla de las oscilaciones de precios provocadas por el consumo del inversor no usuario. Se necesita un cambio de política fiscal, que elimine el I.V.A y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a los consumidores de primera vivienda y grave al resto al tipo general. Es necesario que también se vuelva al planteamiento de tributar en renta los incrementos patrimoniales que se producen por la venta de las viviendas (excluyendo el incremento debido al I.P.C.), penalizando de ese modo, las compra-ventas rápidas y especulativas. Sólo de esta forma la mayor parte de la demanda será la del usuario final. Será estable por lo que dará un trabajo estable de promoción y construcción que garantizará la oferta que mantenga los precios en base al poder adquisitivo.

Este sistema de control de la demanda de vivienda únicamente funcionará si la oferta esta correctamente regulada. Bajo una demanda concreta, será necesaria la disponibilidad de solares que edificar. Para ello se requiere de municipios que tengan Planes Generales actualizados en cuanto a normativa, infraestructuras y previsión de crecimiento. Con una ley que permita desarrollar los sectores urbanizables en menos de 4 años y ayuntamientos que estudien las licencias de obra en menos de 3 meses. Es necesario que haya un sistema de detección de crecimiento de precios que fuerce a los Ayuntamientos a exigir a los propietarios de solares que ejecuten las promociones y no especulen con su valor reteniéndolos sin uso.

El bilingüismo es la solución

El estudio de las lenguas oficiales es un debate difícil de cerrar donde las pasiones se anteponen siempre a los objetivos mas racionales. Acordar los presupuestos generales del estado o establecer los nuevos precios del transporte público no levantan tantas ampollas y, sin embargo, probablemente afecten mucho más a los ciudadanos en términos de calidad de vida y economía familiar. Pero las costumbres y las tradiciones son un poderoso elemento en el que nos basamos diariamente para sentirnos seguros. La lengua, como todo lo que nos recuerda al hogar y a la seguridad que nos provoca se defiende desde el corazón.

Cuando se vive en una dictadura, no se deja de luchar contra lo que los que gobiernan consideran mejor. Cuando se vive una democracia, no se deja de luchar por lo que las minorías reclaman como importante. El resultado de estas luchas conduce  a una legislación para todos, y, en el caso de comunidades autónomas con lengua propia, la batalla culmina en el reconocimiento de ambas como oficiales. A partir de este momento, las pasiones han de ser erradicadas. Se trata de encontrar el mecanismo que garantice la aplicación de la cooficialidad sin discriminaciones.

Desde mi humilde perspectiva, la confección de los planes de estudio debería proyectarse con el objeto de conocer nuestro entorno, para poder desarrollarnos en él, con la mayor soltura posible. Conocer las lenguas que nos rodean y están en uso, parecería, desde esta perspectiva, una ventaja indispensable. No se trata de imposiciones ni del derecho de ejercer la libre elección. Se trata simplemente de ser prácticos y adaptarnos a nuestra sociedad.

La revisión de planes de estudio no debería generar polémica social. Debería mejorar los sistemas que garantizan el aprendizaje de los alumnos, adaptar el temario a los nuevos conocimientos y al entorno cambiante. Por ello parece incomprensible que no se haya superado todavía el viejo sistema de enseñanza de idiomas. Todos sabemos que nadie termina el colegio sabiendo inglés, que para aprenderlo es necesarios dedicarle mucho tiempo extraescolar,  viajar al extranjero o estudiar en un colegio bilingüe.

En la práctica abundan los casos en los que los alumnos estudian en el colegio en su lengua materna y con la que se relacionan con su entorno más próximo, educando a niños  incapaces de comunicarse correctamente en una segunda lengua que convive diariamente con ellos. A estas situaciones se llega por decisión familiar o por la imposibilidad de un pequeño centro de ofrecer las dos lenguas como opciones donde elegir.

La situación más sangrante se plantea cuando los padres de alumnos eligen la lengua de estudio de sus hijos para evitar las clases con mayor población inmigrante. Si las administraciones públicas establecen presupuestos para lograr la efectiva integración de la comunidad inmigrante, se debería empezar por no generar guetos en las escuelas. Lejos de juzgar a los padres que intentar elegir las clases más competitivas para sus hijos, se requiere de un cambio para evitar la discriminación de los niños de otras culturas y de las familias que eligen lengua forzados por las circunstancias.

El bilingüismo real en el colegio es la solución más honesta y responsable. La que acabará con los guetos, la que enriquezca a los alumnos en lugar de privarles del conocimiento de la diversidad local. La que evite la imposición de una cultura frente a la otra. La que sera verdaderamente efectiva para enseñar a hablar y escribir correctamente a los alumnos, la base de cualquier educación respetable.

Toros, interés cultural Y/O maltrato animal.

El debate que se abre de nuevo para valorar la justificación ética, estética, jurídica y moral de la fiesta de los toros, no se va a resolver en la arena política. Ni que la Comunidad Autónoma instigadora del debate sea la catalana, debería parecer un ataque al símbolo español más conocido universalmente, ni la declaración de bien de interés cultural de la fiesta por parte de la Comunidad de Madrid, debería parecer la contrapartida política. Pero en cualquier aspecto de la sociedad se espera un comentario de los partidos y los posicionamientos razonables y meditados no son los que más votos venden. Sobre todo cuando la mayoría de tu electorado ya está posicionada.

La declaración como bien de interés cultural, requiere según la Ley del Patrimonio Histórico Español, que el objeto sea de” interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico”. Al estar transferidas las competencias en este campo, nos encontramos, por ejemplo, la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano ,que, además de la definición de la legislación estatal, califica, “en calidad de Bienes Inmateriales del Patrimonio Etnológico, las creaciones, conocimientos, técnicas, prácticas y usos más representativos y valiosos de las formas de vida y de la cultura tradicional valenciana”.

Si conseguimos distanciarnos de la sangre, como un médico haría con su paciente para buscar un mal funcionamiento dentro de su cuerpo, seríamos capaces de ver, en este espectáculo, una tradición ligada al pueblo español, una actividad, que a lo largo de las décadas, se va perfeccionando y estilizando, creando escuela y maestros del ramo y un arte en cuanto a la acepción de la RAE (Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo).

Que lo podamos clasificar dentro de la legislación patrimonial no justifica necesariamente su absolución. Seguro que los servicios secretos de muchos países tienen entre sus manuales, perfeccionados a los largo de años de intrigas y guerras, descripciones minuciosas y metódicas para asesinar, y entre sus filas, verdaderos maestros en aplicarlas. Las peleas de gallos, como práctica milenaria, indudablemente integra los “conocimientos, técnicas, prácticas y usos más representativos y valiosos de las formas de vida y de la cultura tradicional” de algunos pueblos, especialmente en latinoamérica, pero también en España. Es curioso como es legal la práctica en algunas zonas en Andalucía y Canarias y este prohibido en el resto de España. A pesar de la tendencia humana a legislar con el corazón, la acumulación de conocimientos, el perfeccionamiento y la práctica reiterada a lo largo de generaciones de una actividad, no deberían blindarla definitivamente contra el juicio de la sociedad.

Para evitar que la emotividad mantenga la sociedad dividida para siempre, el debate debería enmarcarse en un contexto jurídico apropiado y universalmente aceptado. Este es la Declaración Universal de los Derechos del Animal. En su artículo 3 indica:

a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles.

b) Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora, y no generadora de angustia.

Habla por si mismo.

Nuevos principios para una nueva forma de hacer política.

Viendo hace poco la película Agora, he vuelto a recordar, a través de la antigua ciudad de Alejandría y la tragedia que viven sus habitantes a lo largo de los años, lo mejor y lo peor del ser humano. La ciudad que contenía la séptima maravilla del mundo y una de las bibliotecas más legendarias, no supo, a pesar de sus avances, cultivar la tolerancia de sus ciudadanos y destronar a sus líderes ambiciosos y corruptos. Nuestra mente del siglo XXI es incapaz de aceptar ese grado de miseria y violencia como forma de vida pero sí que acepta, por inercia, un escenario que, aunque más estético, no pierde las antiguas formas pérfidas de hacer política.

El mundo actual en el que vivimos sigue teniendo líderes ambiciosos en lo personal, que utilizan simbolismos en sus discursos que elevan al rango de fe para enfervorizar y fidelizar a sus seguidores y convertirlos un sus “legiones” de votantes. Y aunque de forma más encubierta, los delitos de sangre todavía se perpetúan para lograr poder y dinero.

La política se convierte así en una burda farsa que da por sentado que todos tenemos criterio, que somos libres para elegir, que buscamos la verdad entre artículos de prensa, en la investigación y con espíritu crítico. Y seguramente es el la forma de pensar de innumerables comprometidos, pero las elecciones las gana la colectividad que según Ortega y Gasset en su libro La rebelión de las masas, y en palabras de Fernando Savater se puede definir a través del “hombre-masa, adocenado y gregario, pero exigente en sus caprichos que no respeta a las élites intelectuales y busca su satisfacción colectiva en la demagogia de la mediocridad”. En este caldo de cultivo es más fácil reclutar terroristas o arriar banderas nacionalistas y cargarlas contra la opresión centralista. Más fácil dar por sentado que el caso Gürtel tiene o no fundamento según si reafirma nuestro esquema mental o nos provoca inseguridad sembrando la duda. Resulta más sencillo valorar el Plan de Economía Sostenible sin leer ni el índice haciéndose eco de las valoraciones demagógicas de uno u otro partido.

En la pantomima del pacto por la educación, en algún momento habrá que enfrentarse al verdadero objetivo de implantar en la educación obligatoria, la tolerancia, la humildad, el compromiso social y el espíritu crítico. No se trata de una asignatura, se trata de un espíritu que debe vivirse, elogiarse y practicarse dentro y fuera de clase en toda actividad escolar con el fin de que los nuevos votantes aspiren a una nueva forma de hacer política y ésta, a su vez sirva finalmente con eficacia al ciudadano.

Regeneración económica y patrimonio cultural.

La polémica que se ha generado en Valencia en torno a la prolongación de la avenida Blasco Ibañez lleva tantos ingredientes jurídicos, acompañados de no menos sentencias judiciales, que manifestarse partidario de una u otra opción requiere de un gran esfuerzo de análisis, si no se quiere caer en el simplismo de creer a pies juntillas las explicaciones que nos de la fuerza política a la que votamos.

A continuación una exposición lo más objetiva que he podido sobre el asunto.

La polémica que se ha generado en Valencia en torno a la prolongación de la avenida Blasco Ibañez lleva tantos ingredientes jurídicos, acompañados de no menos sentencias judiciales, que manifestarse partidario de una u otra opción requiere de un gran esfuerzo de análisis, si no se quiere caer en el simplismo de creer a pies juntillas las explicaciones que nos de la fuerza política a la que votamos.A continuación una exposición lo más objetiva que he podido sobre el asunto.